Juan Pacheco – De la Paz, Costemalle-DFK
El término “forense” proviene del latín forensis, que significa “relativo al foro”, refiriéndose al forum de la antigua Roma, que era el lugar donde se debatían públicamente los asuntos judiciales. Con el tiempo, ese significado evolucionó y pasó a asociarse con todo aquello que tiene aplicación o valor dentro de un proceso formal.Según el Black’s Law Dictionary, “forense” se refiere a algo que es usado o adecuado para los tribunales de justicia o el debate público. El Oxford English Dictionary lo confirma, y lo define como aquello que es apropiado para procesos judiciales o discusiones públicas formales.
En nuestro campo, cuando hablamos de contabilidad o investigación forense, nos referimos a un trabajo técnico y especializado que busca generar evidencia útil en la resolución de conflictos. Y eso ocurre después de que ya pasó algo, es decir, cuando el análisis es post-facto o post-mortem. Recopilamos información, analizamos documentos y datos, entrevistamos personas, todo con el fin de entender un hecho que ya ocurrió.
Así lo explica también la ACFE, la organización global más reconocida en temas de detección e investigación de fraude. Ellos distinguen claramente que, a diferencia de una auditoría tradicional que revisa procesos en tiempo real, la labor forense entra cuando hay una sospecha, una pérdida o un evento crítico, y se necesita entender qué ocurrió, cómo ocurrió y si hay evidencia suficiente para tomar decisiones.
Por eso, aunque el término “delito forense” no es un término técnico ni jurídico, en la práctica se usa mucho para describir este tipo de investigaciones complejas, que requieren ir al fondo, reconstruir lo sucedido y documentarlo con rigor. Cabe mencionar que nosotros no somos asesores legales, sino profesionales contables, y nuestro rol está enfocado en el análisis técnico de hechos financieros, no en la interpretación jurídica de los delitos.
¿Cuáles son los delitos forenses más comunes?
Esta información proviene del Report to the Nations 2024, elaborado por la Association of CertifiedFraud Examiners (ACFE), la organización más importante a nivel global en temas de detección, prevención e investigación de fraude. La ACFE agrupa a más de 90,000 especialistas en 180 países, y cada dos años publica este estudio con base en casos reales investigados por expertos forenses alrededor del mundo.
En su edición más reciente, el reporte analizó 1,921 casos de fraude en 138 países, incluyendo organizaciones públicas, privadas, gubernamentales y del sector social. Esto lo convierte en la fuente más confiable para entender cómo se comete el fraude, cuánto cuesta y cómo se detecta.
A nivel global, los esquemas más comunes de fraude ocupacional fueron:
1. Malversación de activos no monetarios (noncash theft) – 22%
2. Esquemas de facturación falsa (billing schemes) – 22%
3. Manipulación de cheques o pagos (check and payment tampering) – 16%
4. Corrupción – 48% del total de casos, aunque puede coexistir con otros esquemas
5. Reembolsos indebidos de gastos – 14%
6. Fraude en nómina – 12%
7. Skimming – 11%
En el caso específico de Latinoamérica y el Caribe, los cinco esquemas más comunes fueron:
1. Corrupción – 55% de los casos.
2. Fraude en nómina – 25%.
3. Fraude en estados financieros – 23%.
4. Reembolsos indebidos – 15%.
5. Cheque y manipulación de pagos – 11%.
¿Cómo afectan a las empresas los delitos forenses?
Los delitos forenses como el fraude interno, la corrupción o la manipulación contable pueden afectar a las empresas en distintos niveles. Aquí te explico cómo, agrupado por tipo de impacto:
• Impacto económico: Según la ACFE señala que la pérdida promedio por caso de fraude es de 1.66 millones de dólares. La pérdida mediana global es de 145 mil dólares. En empresas pequeñas, con menos de 100 empleados, la pérdida mediana es de 141 mil dólares. En empresas grandes, de más de 10 mil empleados, esa cifra sube a 200 mil. Además, un fraude típico puede operar durante 12 meses antes de ser detectado, lo que significa que el daño muchas veces ya está consolidado cuando se descubre.
• Impacto operativo: La detección de un fraude suele implicar la interrupción de procesos clave. Se suspenden pagos, se detienen operaciones, se separa personal y se revisan contratos o relaciones comerciales. Todo esto puede poner en pausa decisiones importantes y afectar la continuidad operativa de la empresa.
• Impacto reputacional: Un solo caso puede afectar seriamente la confianza de clientes, proveedores, socios o autoridades. Una vez comprometida la credibilidad de la organización, recuperarla puede tomar años y generar consecuencias más duraderas que el propio fraude.
• Impacto legal y fiscal: Cuando hay incumplimiento de controles, omisión en reportes o encubrimiento, se pueden activar auditorías especiales, investigaciones externas, sanciones económicas e incluso procesos judiciales. Este riesgo se incrementa si la empresa opera en sectores regulados, como servicios financieros, gobierno, energía o salud. También puede haber implicaciones más graves si existen leyes locales o internacionales en materia antifraude, antiklavado de dinero o anticorrupción. En esos casos, además del daño interno, hay exposición frente a autoridades que pueden imponer sanciones adicionales o impedir que la empresa siga operando en ciertos mercados.
• Costos ocultos: Más allá del dinero perdido por el fraude, muchas veces hay que invertir en remediar el daño. Eso implica contratar expertos externos, hacer auditorías profundas, rediseñar procesos, implementar nuevos controles y capacitar a todo el personal. Son costos no visibles de inmediato, pero inevitables si se quiere restablecer el orden y la confianza dentro de la organización.
• Nivel del responsable: También influye quién comete el fraude. Si lo hace un empleado operativo, la pérdida mediana es de 60 mil dólares. Si es un gerente de nivel medio, sube a 184 mil. Y si el responsable es un dueño o ejecutivo, alcanza los 500 mil dólares. Además, entre más alto el nivel, más tiempo tarda en descubrirse. En promedio, los fraudes cometidos por ejecutivos duran 24 meses:
Por eso, una investigación forense no solo busca entender qué pasó. También ayuda a contener los daños, proponer soluciones concretas y sentar las bases para que ese tipo de situaciones no se repitan.
Pregunta 6: Repetida con pregunta 4
¿Cómo prevenir como empresa ser víctima de un delito forense?
Prevenir un delito económico dentro de la empresa es, según la ACFE, la medida más rentable, pero también una de las más subestimadas. Muchas organizaciones invierten cuando el daño ya está hecho, pero descuidan las estructuras que podrían haber evitado el problema desde el inicio.
Es importante entender que la prevención no es genérica. Depende completamente del tipo de delito, del tamaño de la empresa, de su industria y de su modelo operativo. No es lo mismo prevenir fraude interno, que diseñar controles anticorrupción o implementar un sistema antilavado de dinero. Aunque pueden compartir ciertos principios, cada uno requiere estrategias distintas.
Además, bajo algunos marcos regulatorios, tanto locales como internacionales, contar con un programa de cumplimiento o de prevención de delitos económicos puede ser considerado como una atenuante en un juicio legal, lo cual puede influir de forma considerable en el monto de la sanción impuesta. Por eso, la prevención no es un gasto, es una inversión estratégica. Y en muchos sentidos, puede marcar la diferencia entre un problema aislado y una crisis institucional.
Aun así, hay prácticas clave que toda empresa puede considerar:
• Postura firme desde la dirección: Una política de cero tolerancia clara, respaldada desde los niveles más altos de la organización. La cultura ética no nace sola: se modela.
• Canales de denuncia accesibles y confidenciales:
Más del 40 % de los casos de fraude se detectan gracias a una denuncia. Contar con medios seguros y confiables para reportar irregularidades es una de las herramientas más efectivas de prevención.
• Auditorías y revisiones sorpresivas: No todo puede depender de controles programados. Las revisiones aleatorias o por muestreo tienen un alto valor disuasivo y permiten identificar irregularidades que podrían pasar desapercibidas.
• Capacitación continua adaptada al riesgo: No todos los empleados enfrentan los mismos riesgos. Capacitar de forma diferenciada según el rol de cada área mejora el nivel de prevención real y refuerza la responsabilidad individual.
• Evaluación periódica de riesgos: Identificar puntos críticos en procesos como compras, pagos, relación con terceros, manejo de efectivo o autorización de contratos es esencial para diseñar controles útiles y realistas.
• Controles diferenciados según el tipo de delito económico
o En programas anticorrupción, suelen incluirse: (i) Políticas sobre regalos; (ii) hospitalidad y representación; (iii) declaración y gestión de conflictos de interés; (iv) Procesos de evaluación y monitoreo de terceros; (iv) Controles sobre interacciones con funcionarios o procesos de contratación pública
o En programas antilavado de dinero, se aplican medidas como: (i) conocimiento del cliente o proveedor (KYC); (ii) monitoreo de transacciones inusuales; (iii) segmentación de riesgos por perfil o sector; (iv) reporte de operaciones sospechosas ante autoridades.
o En programas antifraude, los controles clave son: (i) separación de funciones y límites de autorización; (ii) conciliaciones periódicas; (iii) alertas ante conductas atípicas o patrones repetitivos; (iv) revisión de accesos a sistemas críticos.
• Y en todos los casos, es indispensable documentar todo esto. Nada de lo anterior funciona si no está formalizado. Un buen sistema de prevención debe estar respaldado por políticas internas, procedimientos claros, códigos de ética, protocolos de respuesta y manuales de control. Esa estructura es la que permite aplicar, supervisar y hacer exigible el cumplimiento.
